La Cámara de Cuentas hizo público
ayer un informe en el que revisa la implantación de las recomendaciones
realizadas a Aragón por el Tribunal de Cuentas en sobre las medidas de gestión
y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación
de la ley de la dependencia y las conclusiones son demoledoras: el 99% de los
solicitantes fallecidos ese año ni siquiera habían sido valorados. Este punto
constata lo que se viene señalando desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero aprobó una ley tan fundamental y beneficiosa: que de nada servía si no
iba dotada de los suficientes recursos materiales y humanos para que los
ciudadanos recibieran las prestaciones en tiempo y forma. Tampoco ayudaron los
recortes que se realizaron bajo los gobiernos del Partido Popular, de Luisa
Fernanda Rudi en el caso de Aragón, pero tampoco puede servir de excusa para
que el Ejecutivo posterior no pudiera reaccionar a su debido tiempo para evitar
unas cifras tan demoledoras. Aragón incumplía en el año 2018 el plazo máximo
para resolver las solicitudes de ayuda, que se situaba en 411 días de media,
una demora que, según el tribunal, resulta especialmente perjudicial en los
casos de los beneficiarios que fallecen en la espera, que fueron el 99% de las
2.233 personas que solicitaron las prestaciones.
