Con esto de las pensiones hay dos ideas
muy popularizadas entre la gente que son erróneas; las oigo comentar
constantemente en las tertulias de los bares o cuando se habla personalmente
con algún compañero o compañera, Una de ellas se refiere a la opinión de que la
Seguridad Social puede quebrar pues los ingresos son inferiores a los gastos
originados para pagarlas. Se parte de un error de entrada: El que la Seguridad
Social es una especie de empresa privada y no sujeta a derecho, que tiene unos
ingresos y unos gastos, y, por lo tanto, un balance, que de ser negativo no
sería sostenible sin un concurso de acreedores. O sea, que para garantizar su
viabilidad habría que aceptar por parte de los acreedores, o sea los pensionistas,
una quita de la retribución que perciben.
Esta opinión no es baladí y ya
produce un efecto de enajenación en la conciencia ciudadana; es fruto de una
campaña, nada inocente, que viene haciéndose por parte de los últimos gobiernos
y de las instituciones bancarias, de manera muy sibilina, eso si, porque nadie
se atreve a decir de forma bruta que lo que quieren es recortar las pensiones.
Se hacen comentarios distorsionados,
se asusta al personal y se va asentando una conciencia en la población, sino catastrófica,
si de resignación para aceptar primero que ya no se subieran las pensiones
conforme el IPC, luego alargar el cómputo para sacar la cuantía de las mismas,
luego para retrasar la edad de jubilación.
La seguridad Social es una
institución del Estado. El Estado Español puede quebrar, y lo hará si se sigue
con el despelote que hay ahora de trabajo negro, fraude a la Hacienda Pública, corrupción
generalizada, gestión desastrosa, etc. Pero no puede quebrar, por ejemplo, las
pensiones y que un ayuntamiento o las fuerzas armadas, o la casa real y que el
resto se rescate o tengan superávit.
Si quiebra el Estado, los acreedores
(entre ellos los pensionistas y los empresarios a los que adeudara el estado),
tendríamos que apechugar con una quita de un tercio, la mitad o lo que se
resolviera. Se tendría que recortar de todas las partidas presupuestarias para
pagar o liquidar la deuda, si esa deuda estuviera sujeta a derecho o se
consideraba políticamente que había que afrontar un mínimo de gasto. Bueno, se
tendría que decidir de donde se quita, y eso depende de la relación de fuerzas en la sociedad y el parlamento.
Los pensionistas cobramos las
pensiones de acuerdo a una ley, en vigor cuando nos la aprobaron. Todas las
pensiones “contributivas” se dan conforme a la ley” (salvo las que se dieran en
fraude de ley), y gozan de garantía jurídica. Son legales y de acuerdo a lo que
cotizaron las que cobran los extrabajadores de Endesa, que a veces se
cuestionan (otras cosas son los eres por prejubilaciones, que son legales
también, como los contrato de relevo, las indemnizaciones negociados legalmente
-sean individuales o colectivos- por antelación, o los negociados por reducción
de plantilla o liquidación de empresa). No son una gracia que nos da el Estado
porque sea paternalista y caritativo. Pueden congelarla en la aprobación
presupuestaria, nunca reducirla; salvo que se den las condiciones excepcionales
dichas anteriormente; de la misma manera que el Estado o alguna de sus diversas
instituciones, no puede dejar de pagar a un empresario o particular al que le
deba dinero.
LAS PAGAS
EXTRA
La segunda opinión muy difundida es que
pueden quitarnos las pagas extraordinarias, porque al parecer eso si que es una
gracia que nos da el Estado. Pues no: por la simple razón de que las pagas
extraordinarias no existen. Llamamos pagas extraordinarias a las que nos dan a
la mayoría de pensionistas (no ha todos), concretamente la división 7ª y 14ª de
la paga anual, pues solemos recibir la paga anual de la pensión en 14 entregas.
Los de algún régimen especial la cobran en doce. Pero podíamos cobrarlas en una
sola paga, en diez o en dieciséis, si así se legislara. Lo de llamarla paga
extraordinaria es un anacronismo muy popular desde que se implantó en los
tiempos del Franquismo; hoy es un concepto obsoleto, que se emplea de
referencia o por inercia porque en la mayoría de los convenios todavía se
aplica el salario anual en 14 pagas o más. En mi empresa, ya en los años de la
década de 1990, se decidió cobrar en solo 12 pagas y las que se llamaban extra,
prorrateadas en las doce junto al sueldo base y otros conceptos fijos de
nómina.
Hay una excepción en cuanto a las retribuciones
de pensiones; es aquellas que, por no llegar a la cuantía mínima, se les aplica
“un complemento parcial a mínimos”. Este complemento no sé si está sujeta a
derecho ya que es una retribución no contributiva que afecta a las pensiones
más bajas; por eso cuando se recibe alguna ayuda de las instituciones u otra
pensión como la de viudedad o hay muchos ingresos de patrimonio, de intereses
bancarios y demás, se quita esta aportación complementaria. Muchas personas se
llevan un disgusto cuando les baja la pensión ordinaria, que suelen ser,
además, las más bajas porque con lo que aportaron en su día no les llegó para
cobrar el mínimo establecido.
Hay otra cosa que convendría saber,
es que, hasta el Pacto de Toledo, con el dinero cotizado para pensiones se
empleó mucho dinero para otras actividades y gastos del Estado. El Pacto de
Toledo, intentó racionalizar la cosa e intentar igualar los ingresos y salidas
para pensiones, y aun así es de las cotizaciones de donde han salido mucho
dinero para pensiones no contributivas, que son necesarias socialmente y justas
pero puestos a racionalizar esas partidas deberían aplicarse a cargo de los
presupuestos generales. Aunque como digo, aunque haya mil cuentas diferentes e
instituciones autónomas o integradas, la empresa es una: El Estado Español. Que
se persiga el trabajo negro y el fraude fiscal, sobre todo de las grandes
empresas, que es de donde se va casi todo el dinero. El dinero de la pequeña
empresa ocupa un porcentaje muy bajo y el de las actividades marginales es irreverente;
no digo que no delinca y no haya que perseguirlo y sancionarlo, pero su
incidencia en el gasto público es pequeña. Siempre ha existido en España fraude
de clase media y marginal, porque somos el colmo de la picaresca, pero ahora
aumenta más porque al no perseguirse y tolerarse el fraude de las grandes
empresas y economías no hay, por parte de la población pudor para defraudar. Es
ilegal el defraudar paro no inmoral. La pedagogía oficial nos dice que si nos
pillan nos pueden multar, pero para las grandes economías les es rentable,
aunque les pillen.
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