Según el autor de este artículo, el ganador de los acuerdos del Pacto de Toledo es el PSOE. La derecha acude derrotada a los mismos; manteniendo una actitud de enfrentamiento total con el Gobierno, el PP no tiene reparos en votar a favor de los acuerdos, pese a ser el gran perdedor. Los apoyos de los sectores económicos como la banca y los seguros están indignados y catastrofistas. UP también acude, sino derrotada, resignada y con las plataformas de pensionistas cada vez más en contra y también catastrofistas, pero por motivos contrarios a los de los sectores económicos. Incluso los sindicatos, la COE, UGT y Comisiones o los partidos BILDU y ERC, no lo tienen claro en alguno de sus aspectos; a veces también por cuestiones diferentes.
Pero ni los partidos ni los agentes
sociales van a ir en contra de sus resoluciones finales. Otra cosa es como va a
calar eso en los movimientos sociales que todavía están en la calle, aunque
cada vez más divididos, con reivindicaciones alejadas de las resoluciones que
al final se aprobarán. O cual será la respuesta y la presión en la Unión
Europea de los poderes facticos económicos en contra,
que lo harán, aunque sea poco visible socialmente.
Los partidos que integran la
comisión del Pacto de Toledo acudieron a las negociaciones con posturas tan
diferenciadas que no cabía imaginar un acuerdo final de amplio consenso. Tanto
el resultado como el desarrollo de los debates difieren del incívico y crispado
comportamiento habitual en el hemiciclo del Congreso. El trato dialogante que
ha prevalecido algo tendrá que ver con el hecho de celebrar las sesiones a
puerta cerrada, sin presión mediática. Así mismo cabe destacar que, pese a las diferencias
iniciales y en contraste con lo habitual, lo pactado no conlleva un balance entre
vencedores y vencidos. La imagen que destaca es la del consenso.
Para llegar a entenderse basta una
actitud favorable y plantear objetivos poco comprometidos. Ahora convenía
adaptarse a la compleja situación con un acuerdo de mínimos que permita al Gobierno
implantar reformas en una doble dirección: a) tranquilizar a los actuales
pensionistas que llevan casi tres años movilizados, b) recortar de forma
progresiva las pensiones futuras, utilizando dos instrumentos complementarios y
compensatorios: las medidas establecidas en la reforma de pensiones del 2011 y
los fondos de pensiones de empleo.
En los debates participaron todos
los grupos parlamentarios. Se hicieron concesiones y hubo renuncias, aunque
solo queda constancia del voto negativo de Vox y de las abstenciones de ERC y
EH Bildu. Justo es reconocer que buena parte del éxito de la comisión
corresponde al talante cordial y dialogante de su presidenta, Magdalena Valerio.
Para poder conocer los cambios de actitud de las formaciones políticas es preciso
comparar los resultados con las posiciones iniciales. Ello requiere
radiografiar la foto de familia del Pacto de Toledo.
Acusar al mensajero: sorprende la
hostilidad desatada contra la comisión del Pacto de Toledo desde perspectivas
opuestas. Mientras los economistas neoliberales ven en esos acuerdos una amenaza
para los planes de pensiones privados, diversas asociaciones de pensionistas, entre
las que aparecen las dos ramas de la COESPE, interpretan lo contrario,
advirtiendo que está en peligro el sistema público de pensiones. Junto a los
posicionamientos ideológicos dispares asombra el tono catastrofista de las
conclusiones. El profesor José Antonio Herce, miembro del foro de expertos del
Instituto BBVA de Pensiones, reitera en sus declaraciones públicas que la mayor
parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo desestabilizan el sistema de
pensiones. En Canarias-Semanal.org, Conchita Ribera de COESPE declara: “los
Pactos de Toledo se crearon para privatizar el sistema público de pensiones y
entregar los cientos de miles de millones que mueven las pensiones a la banca,
en un modelo similar al que aplicó Pinochet en Chile”.
Esos juicios de valor tan
descalificativos y categóricos no cuadran con el carácter consultivo de la
comisión del Pacto de Toledo, simple eslabón de un largo proceso deliberativo.
Mayor relevancia que sus recomendaciones alcanzan las disposiciones del
Congreso de los Diputados, las cuentas del Estado, los compromisos con los
agentes sociales (patronal y sindicatos) y en último término las decisiones del
Gobierno. Además, en esta ocasión, el Pacto de Toledo no ha propuesto medidas
negativas que no estuviesen en vigor, aunque la más novedosa, los planes de
pensiones de empleo (PPE), requieran un desarrollo posterior. Por tanto, las
reclamaciones deberían dirigirse a los organismos con capacidad legislativa y
ejecutiva: Congreso y Gobierno.
Ganancias y pérdidas en clave
política El vencedor del Pacto de Toledo es el PSOE, personalizando el triunfo
en el ministro Escrivá. Consigue el aval para aplicar las reformas que antes
propuso desde la presidencia de la AIReF. Este podría ser el decálogo de
medidas esenciales: 1) Revalorizar las pensiones contributivas en base al IPC
real. 2) Acercar la edad de jubilación efectiva a la oficial. 3) Elegir los 25
años de cotización más favorables para establecer la base reguladora. 4)
Mantener los 15 años como período mínimo de cotización de la pensión
contributiva. 5) Primar el aumento voluntario de la edad de jubilación. 6)
Trasladar los gastos impropios de la Seguridad Social a los PGE. 7) Dejar de
considerar deudas las trasferencias del Estado a la Seguridad Social. 8)
Ajustar la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. 9)
Reducir la aportación a planes privados de pensiones con derecho a desgravación
fiscal. 10) Generalizar los planes de pensiones de empleo según el modelo de
las EPSV del País Vasco.
Gana el Gobierno, pese a no incluir
el Pacto de Toledo propuestas programáticas esenciales del Gobierno de
Coalición en materia de pensiones. Tales carencias pasan mayor factura política
a Unidas Podemos que al PSOE. Entre los compromisos pendientes, no incluidos o
sin plazo de aplicación, hay que citar: 1) El aumento del poder adquisitivo de
las pensiones mínimas. Es una demanda prioritaria, junto con la reducción de la
brecha de género y pensiones de viudedad. 2) Eliminar el Índice de Revalorización
y el Factor de Sostenibilidad de la reforma del 2013. La reclaman hasta los
sindicatos que avalaron la reforma del 2011. 3) Garantizar la sostenibilidad
del Sistema Público de Pensiones. Este punto choca con los planes de pensiones
de empleo.
Aunque el voto pensionista vaya
sobre todo a las listas del PSOE, PP o PNV, los reproches se dirigen en
particular hacia Unidas Podemos. Consciente de esa realidad, Meri Pita,
delegada de UP en el Pacto de Toledo, al aprobarse el 19 de noviembre el acuerdo
en el Congreso, además de reconocer que no se habían alcanzado todos los objetivos
previstos, declaró que los militantes de UP: "Hoy están
decepcionados con el texto". "Comprendemos y encajamos esa
decepción". Resulta inevitable comparar esta actuación con la de
febrero de 2019, cuando la actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
imposibilitó un acuerdo similar, con el agrado de las plataformas de
pensionistas que rechazan el Pacto de Toledo. Recordemos el titular de El País:
“El Pacto de Toledo descarrila ante el adelanto electoral y las
exigencias de Podemos”. La decepción” que señala Meri Pita está motivada
sobre todo por asumir UP los planes de pensiones de empleo. Implica aceptar la
reducción de las pensiones públicas provocada por la reforma del 2011,
impulsada por Rodríguez Zapatero con el respaldo de CCOO y UGT. Unidas Podemos justifica
ese paso en falso: “En cuanto al régimen fiscal y jurídico de las
aportaciones a los planes de pensiones, si bien las recomendaciones no recogen
su eliminación, sí se contempla su reorganización para beneficiar a los planes
de empleo que se acuerdan en la negociación colectiva frente a los
individuales, y posibilitan que trabajadores de distintos niveles de renta
tengan acceso a ellos”. Se trata de una disculpa poco convincente. Supone
obviar el dilema de los planes de pensiones de empleo, vigentes desde 1983 en
Euskadi: son productos financieros favorables a rentas salariales altas, tienen
beneficios fiscales que se detraen de los ingresos públicos, adolecen de una
inequidad que cronifica las desigualdades sociales. Unidas Podemos no estaba
ante la disyuntiva de tener que elegir entre un SI o un NO sin condiciones.
Pudo apoyar los acuerdos incluyendo un voto particular, dejando constancia de carencias
y desacuerdos. Calló y defraudó.
Manteniendo una actitud de
enfrentamiento total con el Gobierno, el PP no tiene reparos en votar a favor
de los acuerdos, pese a ser el gran perdedor. La reforma de pensiones impuesta
por Rajoy en 2013 queda postergada, sin que el PP intente defenderla. No obstante,
tanto el índice de revalorización (0,25%), como el factor de sostenibilidad (recortes)
que podría entrar en vigor el 2023, oficialmente no están derogados. En la negociación,
al igual que Ciudadanos, el PP ha intentado, sin lograrlo, mantener las aportaciones
a los planes privados de pensiones, gestionados por la banca y aseguradoras. La
decisión final corresponderá al Gobierno, que está siendo sometido a fuertes
presiones para que no las reduzca. La abstención de ERC y EH Bildu, más que en
los aspectos negativos del acuerdo se basa en sus innegables carencias.
Ciertamente, no queda resuelta la problemática del sistema público de
pensiones. Sí se avanza en la demanda más urgente, la revalorización anual, más
sin progresar en otra reivindicación esencial: la mejora de las pensiones mínimas.
Esas y otras medidas están relacionadas con los Presupuestos Generales del Estado,
que ERC y EH Bildu apoyarán por razones políticas. Por tanto, la abstención en el
Pacto de Toledo resulta testimonial, dado que la aprobación de las
recomendaciones estaba garantizada sin necesidad de sus votos.
Oteando un horizonte incierto, Aunque
todavía quedan trámites pendientes y medidas con plazo de aplicación de varios años,
este periodo del Pacto de Toledo concluye con mejoras para las pensiones de
hoy, desventajas para las de mañana. La juventud tendrá que
defender el derecho a unas condiciones de vida dignas para evitar que la actual
generación de pensionistas sea la última en lograr un empleo satisfactorio y
una pensión suficiente. La historia y la experiencia prueban que la
movilización ciudadana es necesaria para evitar retroceder a la situación de
una sociedad empobrecida. La capacidad de incidir sobre acontecimientos
políticos, decisiones económicas y cambios sociales depende del equilibrio de
fuerzas entre el control del dinero, la autoridad de quienes gobiernan y la
presión de la calle. Los acuerdos del Pacto de Toledo son un ejemplo de esa
contraposición de poderes. Los gobiernos toman decisiones mirando en dos
direcciones: las gerencias de las grandes empresas y la opinión pública. En
estos momentos la confrontación afecta al futuro de las pensiones. El pulso
mantenido durante los tres últimos años ha dado resultados satisfactorios. Para
continuar avanzando, para evitar retroceder, hay que seguir el camino
emprendido, precisando los objetivos inmediatos y no equivocándose de enemigo.
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