miércoles, 26 de diciembre de 2018

Sindicalismo. Resolución Consejo.


RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ARAGÓN DE CC.OO. CELEBRADO EL MIÉRCOLES, DÍA 2I DE NOVIEMBRE DE 2018, POR LA REORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.

Zaragoza 21 de noviembre del 2018.

Los pensionistas y jubilados de CCOO durante estos últimos años, venimos denunciando que las medidas que se tomaban para salir de la crisis no eran las idóneas y que afectaban de manera muy desequilibrada a la parte mayoritaria, pero más débil de la Sociedad y dentro de ella, también, de forma intensa a las personas mayores.

Los partidos políticos tienen que preocuparse de mejorar significativamente los ingresos del Sistema Público de Pensiones y en garantizar su viabilidad financiera y el permanente mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, además hace falta una política económica que promueva el empleo estable y salarios lo que aumentaría de manera sostenida los ingresos del sistema.
Por todo ello el Consejo de Pensionistas y Jubilados de CC.OO de Aragón reclamamos al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y administraciones, lo siguiente:
1-Que se llegue a un acuerdo en la comisión del pacto de Toledo para que, sobre la base del diálogo y el acuerdos social y político amplios, se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, tal y como se ha venido haciendo desde 1995 con excelentes resultados.
 2-Necesitamos que se recupere el índice de revalorización de las pensiones y que sea pactada en el marco del Diálogo Social que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante todo el periodo de percepción.
3-Exigimos una Renta Mínima estatal para mejorar una laguna muy concreta, y muy amplia, que hoy tiene el sistema de protección social pues no está diseñado para proteger a quienes nunca tuvieron un empleo y lo buscan (jóvenes sobre todo, pero también mujeres) y a los parados de larga duración (hoy ya de un perfil socio demográfico amplísimo) que ven agotadas las prestaciones de desempleo, y que se encuentran en una situación de necesidad porque ni ellos ni sus entornos familiares tienen ingresos suficientes.
 4- Reivindicamos la derogación de las reformas y freno a los recortes que en materia sanitaria se están llevando a cabo: exclusión de colectivos del sistema, copago farmacéutico en la atención sanitaria (transporte sanitario no urgente, prestación orto protésicas, productos dietéticos...) y del actual modelo de copago farmacéutico por su impacto negativo, especialmente para los niveles de renta más bajos, y su inadecuación para las situaciones de especial necesidad vinculadas a cronicidad o pluripatologías. En este sentido, es necesario sustituir este modelo por otro que responda a las necesidades de los ciudadanos, elimine los copagos para los colectivos más desfavorecidos, evitando que se generen barreras en el acceso a los tratamientos necesarios, y los reduzca con carácter general aplicando límites y criterios de progresividad.
 5-Debemos potenciar los servicios de salud pública, pues son esenciales en el desarrollo de cualquier sistema de salud, en la prevención de enfermedades, fomentando el autocuidado. Pues la esperanza de vida depende, también, de factores como la riqueza y la pobreza, el empleo y el desempleo, las condiciones de trabajo, el entorno social en el que se vive, las políticas medioambientales, los niveles educativos, los hábitos saludables de vida, las infraestructuras disponibles, las políticas de salud pública, la nutrición, el ejercicio físico frente al sedentarismo Y, actuar más en la prevención, en salud, vacunación, mejoras terapéuticas etc.
Para ello hay que aumentar los ingresos fiscales y garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de los servicios públicos, incluyendo el sanitario; un compromiso de garantía de suficiencia financiera en los presupuestos del SNS, tanto estatales como autonómicos, pues no se puede considerar la inversión en salud como gasto, cuando la salud actúa como motor económico y proporciona importantes retornos que oferta a la sociedad.

6-Ley de dependencia: El principal reto del Sistema de Dependencia se sitúa en la garantía de atención con una prestación efectiva a los aproximadamente 400.000 dependientes que aún no están protegidos (unas 325.000 personas ya reconocidas como dependientes pero que se encuentran en lista de espera, más las 100.000 personas que han solicitado la valoración y que finalmente serán reconocidas como dependientes). Tras diez años de la puesta en marcha de la ley de Dependencia no cabe posponer por más tiempo su completa implantación, de modo que se garantice la atención a los cerca de 1,3 millones de personas para las que fue diseñado, y dicha atención sea garantizada en los términos de calidad y suficiencia inicialmente prevista.
7-La lucha contra la desigualdad y la pobreza debe ser la prioridad que guíe las decisiones económicas y laborales, pues, aunque España ha recuperado el volumen de PIB previo a la crisis, el reparto de esa riqueza es muy desigual pues hay 1,5 millones de personas paradas que están excluidas del sistema de protección por desempleo. Este altísimo nivel de desprotección genera pobreza y exclusión y debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una renta mínima en el conjunto del estado. CCOO y UGT impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular para implantar una prestación de ingresos mínimos que tiene como finalidad proteger a muchos de los que hoy están excluidos de la cobertura por desempleo.
8-Exigimos medidas eficaces contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico bono social para la electricidad y gas, que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro, teniendo en cuenta los miembros de la unidad familiar y el nivel de renta. Necesitamos un tipo súper reducido del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía. Es decir, gas, calefacción y electricidad, lo que supondría una ayuda a las familias por un importe de 4.000 millones de euros y a los pensionistas y jubilados, en muchos casos, nos permitiría poder tener las viviendas a una temperatura adecuada los meses de invierno.
 9-Que las políticas sociales cumplan su objetivo final, cual es el de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades básicas: social, alimentación, sanidad y vivienda entre otras. Seguimos constatando que, en demasiadas ocasiones, estas medidas se toman unilateralmente, sin contar con los Sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores y de los pensionistas. Por lo que, desde nuestro punto de vista, entendemos, que, por esta causa, tanto la reforma laboral como la reforma de las pensiones del 2013 han sido un fracaso, que está afectando de lleno a estos colectivos.
 Ante estas necesidades:
Los pensionistas y jubilados de Aragón de CCOO, trabajaremos y nos movilizamos, con el conjunto de las Confederaciones Sindicales de CCOO y la sociedad organizada, por la reorientación de la política económica y social que se llevó a cabo durante la crisis, pues nos han abocado, también al colectivo de personas mayores, a un aumento de la desprotección social y a un empobrecimiento generalizado.

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