RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y
JUBILADOS DE ARAGÓN DE CC.OO. CELEBRADO EL MIÉRCOLES, DÍA 2I DE NOVIEMBRE DE
2018, POR LA REORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.
Zaragoza 21 de noviembre del
2018.
Los pensionistas y jubilados de CCOO durante estos últimos años, venimos
denunciando que las medidas que se tomaban para salir de la crisis no eran las
idóneas y que afectaban de manera muy desequilibrada a la parte mayoritaria,
pero más débil de la Sociedad
y dentro de ella, también, de forma intensa a las personas mayores.
Los partidos
políticos tienen que preocuparse de mejorar significativamente los ingresos del
Sistema Público de Pensiones y en garantizar su viabilidad financiera y el
permanente mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, además hace
falta una política económica que promueva el empleo estable y salarios lo que
aumentaría de manera sostenida los ingresos del sistema.
Por todo ello el Consejo de Pensionistas y Jubilados de CC.OO de Aragón
reclamamos al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y
administraciones, lo siguiente:
1-Que se llegue
a un acuerdo en la comisión del pacto de Toledo para que, sobre la base del diálogo y el acuerdos social
y político amplios, se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar
la sostenibilidad del sistema público de pensiones, tal y como se ha venido
haciendo desde 1995 con excelentes resultados.
3-Exigimos
una Renta Mínima estatal para mejorar una laguna muy concreta, y muy amplia, que hoy tiene el
sistema de protección social pues no está diseñado para proteger a quienes
nunca tuvieron un empleo y lo buscan (jóvenes sobre todo, pero también mujeres)
y a los parados de larga duración (hoy ya de un perfil socio demográfico
amplísimo) que ven agotadas las prestaciones de desempleo, y que se encuentran
en una situación de necesidad porque ni ellos ni sus entornos familiares tienen
ingresos suficientes.
Para ello hay que aumentar los ingresos fiscales y
garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de los
servicios públicos, incluyendo el sanitario; un compromiso de garantía de
suficiencia financiera en los presupuestos del SNS, tanto estatales como
autonómicos, pues no se puede considerar la inversión en salud como gasto,
cuando la salud actúa como motor económico y proporciona importantes retornos
que oferta a la sociedad.
6-Ley de dependencia: El principal reto del Sistema
de Dependencia se sitúa en la garantía de atención con una prestación efectiva
a los aproximadamente 400.000 dependientes que aún no están protegidos (unas
325.000 personas ya reconocidas como dependientes pero que se encuentran en
lista de espera, más las 100.000 personas que han solicitado la valoración y
que finalmente serán reconocidas como dependientes). Tras diez años de la
puesta en marcha de la ley de Dependencia no cabe posponer por más tiempo su
completa implantación, de modo que se garantice la atención a los cerca de 1,3
millones de personas para las que fue diseñado, y dicha atención sea
garantizada en los términos de calidad y suficiencia inicialmente prevista.
7-La lucha contra la
desigualdad y la pobreza debe ser la prioridad que guíe las decisiones
económicas y laborales, pues, aunque España ha recuperado el volumen de PIB
previo a la crisis, el reparto de esa riqueza es muy desigual pues hay 1,5 millones
de personas paradas que están excluidas del sistema de protección por
desempleo. Este altísimo nivel de desprotección genera pobreza y exclusión y
debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una renta mínima en el conjunto
del estado. CCOO y UGT impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular para
implantar una prestación de ingresos mínimos que tiene como finalidad proteger
a muchos de los que hoy están excluidos de la cobertura por desempleo.
8-Exigimos medidas eficaces contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico
bono social para la electricidad y gas, que garantice el suministro básico de
todos los hogares e impida los cortes de suministro, teniendo en cuenta los
miembros de la unidad familiar y el nivel de renta. Necesitamos un tipo súper
reducido del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación
y a la energía. Es decir, gas, calefacción y electricidad, lo que supondría una
ayuda a las familias por un importe de 4.000 millones de euros y a los
pensionistas y jubilados, en muchos casos, nos permitiría poder tener las
viviendas a una temperatura adecuada los meses de invierno.
Los
pensionistas y jubilados de Aragón de CCOO, trabajaremos y nos movilizamos, con
el conjunto de las Confederaciones Sindicales de CCOO y la sociedad organizada,
por la reorientación de la política económica y social que se llevó a cabo
durante la crisis, pues nos han abocado, también al colectivo de personas
mayores, a un aumento de la desprotección social y a un empobrecimiento
generalizado.
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