Nosotros y nosotras, los y las pensionistas, queremos
defender no sólo nuestro presente, sino también el futuro de nuestros hijos/as
y nuestras nietas/os.
El Consejo
Aragonés de las Personas Mayores (COAEMPA) junto a la Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España (UDP), a la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Federación Estatal de Jubilados y
Pensionistas de CCOO, la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT, la
Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA),
Mayores de Telefónica, la Federación de Asociaciones de Personas de Mayores de
Cataluña (FATEC), El Consejo Andaluz de Mayores, la Federación de Asociaciones
de Cultura y Ocio de Mayores (FACOM), la Federación de Organizaciones de
Mayores de Andalucía (FOAM) y el Consejo Regional de Personas Mayores de
Extremadura, que representan a más de cinco millones de Pensionistas y 6.500
Asociaciones, han elaborado un Manifiesto en su firme compromiso EN DEFENSA DE
LAS PENSIONES PÚBLICAS y DIGNAS.
Este Documento ha
sido registrado en el Congreso de Diputados y dirigido personalmente a cada uno
de los representantes de los partidos políticos de la Comisión del Pacto de
Toledo
Durante la mañana
del 16 de marzo, las organizaciones arriba indicadas, que representan a seis
mil quinientas asociaciones de personas mayores y cuatro millones setecientos
mil asociados, presentaron ante los poderes públicos el Manifiesto por la
defensa de las Pensiones públicas y dignas.
DEFENSA DEL
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Las entidades
firmantes reiteran la pensión pública como un derecho reconocido en la
Constitución en su Artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a
los ciudadanos durante la tercera edad”.
Asimismo, afirman
que derivar este derecho al sector privado supone que deja de ser un derecho de
todas las personas.
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES EN BASE AL I.P.C.
Además, plantean la
necesidad de garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, como
establece la Constitución, pasa por garantizar la revalorización real de las
pensiones, referenciándolas al IPC, proveyendo los recursos necesarios para la
sostenibilidad del sistema y la suficiencia de sus prestaciones.
Para las
organizaciones firmantes, garantizar dicha suficiencia económica de las
pensiones implica necesariamente la sustitución del Índice de Revalorización de
Pensiones actual –el escueto “cuarto de punto”- por una fórmula de
revalorización que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones actuales y futuras.
DEROGACIÓN DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD ACTUAL Y
SUSTITUCIÓN DEL IRP
En cuanto al
factor de sostenibilidad, regulado en la forma de 2013, instan a los grupos
parlamentarios a su derogación, ya que al vincular de forma obligatoria la
evolución de la esperanza de vida a la cuantía de las pensiones, conducirá
inevitablemente a una rebaja de las pensiones presentes y futuras.
Es imprescindible,
para las organizaciones firmantes, que se incrementen las pensiones mínimas y
las pensiones no contributivas y SOVI hasta alcanzar cuantías suficientes y
adecuadas en cada caso, para garantizar un nivel de vida digno y adecuado a
todas las personas pensionistas de nuestro país.
Así como elevar al
60% la base de cálculo para las pensiones de viudedad cumpliendo con lo
aprobado en 2011. Ley 27/2011
UN PACTO DE ESTADO QUE GARANTICE LAS PENSIONES
PÚBLICAS
Por último, en el
manifiesto exigen un Pacto de Estado suscrito por todos los partidos políticos
del arco parlamentario y con la participación de todos los actores sociales,
que garantice un sistema de pensiones dignas, fiable y duradero, marcándose
como objetivo común la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones
actuales y futuras tramitándose en la comisión del Pacto de Toledo.
Siendo conscientes
y firmes defensores de que el sistema de Seguridad Social se articula sobre el
principio de solidaridad más amplio entre generaciones y entre territorios,
también exigen, un trabajo digno y con derechos, y unos salarios suficientes
como garantiza el artículo 35 de la Constitución Española que hagan posible el
sostenimiento no sólo del sistema público de pensiones, sino también del conjunto
del Estado de Bienestar.
Por todo ello, las
organizaciones de mayores firmantes de este Manifiesto hacemos un llamamiento
público a secundar las movilizaciones generales convocadas en defensa del
sistema público de pensiones del próximo 17 de marzo y cuantas sean necesarias
hasta alcanzar los objetivos señalados.
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