Zaragoza 15 de diciembre de 2022
En este último año, hemos visto reflejadas las consecuencias de una nefasta gestión de la sanidad pública en Aragón. Problemáticas como la falta de personal, el alquiler de suelo quirúrgico privado, el conflicto perpetuo con el servicio de ambulancias, el cierre de los servicios de urgencias de Atención Primaria, la escasez de plazas PIR en la salud mental, el colapso del hospital infantil y la noticia de la construcción del macro hospital privado de Quirón (con la perspectiva de que sean derivados usuarios de la Sanidad pública con su correspondiente traspaso de la financiación que debería destinarse a mejoras de nuestra sanidad), son solo unos pocos ejemplos del año tan oscuro que la ciudadanía aragonesa hemos sufrido en nuestra salud.
A todo lo
anterior, se debe de sumar las listas de esperas de más de 6 meses en muchas
especialidades y cirugías, así como de hasta 25 días de demora para una cita de
Atención Primaria en Huesca.
La sanidad pública
está dañada y pide auxilio a gritos y así se ha demostrado durante todo el año
en los distintos medios de comunicación. Esto no es sino el reflejo de la
privatización que se da de manera indirecta día a día, debido al deterioro de
la sanidad pública y que anima a todo aquel que se lo puede permitir a hacerse
un seguro privado, que cuando se dé cuenta ya será tarde para observar que
apenas le cubre una mínima parte de todo lo que tiene la Sanidad Pública.
Sin ir más lejos,
en noviembre, Aragón encabezaba la lista de CCAA, con más demora para
intervenciones quirúrgicas no urgentes, así como de especialidades con 165 días
(a pesar de haberse reducido, ya que en 2021 la media estaba en 183), con hasta
8.000 pacientes en lista de espera. En cuenta de contratar personal que pudiera
encargarse de esto, la opción que se tomó fue alquilar suelo quirúrgico de
hospitales privados para tratar de aliviar la situación.
Pésimo error.
En cuanto a la
Atención Primaria, Aragón tiene una
ratio de 0,88 médic@s de Atención Primaria, entre medicina de familia y
pediatría, por cada 1.000 pacientes y 0,77 enfermer@s por cada 1000 pacientes,
cifras de vergüenza, a sabiendas que este año se dejaron de renovar 2000
contratos y quedando 76 plazas de medicina familiar, vacías en verano. Esto ha
derivado en una falta extrema de personal,
que obliga a las profesionales a doblar
turnos y en ocasiones asumir cupos de sus compañeras. En algunos centros de
salud han tenido que limitarse exclusivamente a atender urgencias o visitas
indemorables e incluso a recortar los horarios como ha ocurrido en Utebo
durante semanas.
Además, en algunas
zonas rurales como Canfranc o Escarrilla, se han visto obligados a cerrar los
Puntos de Atención Continuada. Huesca con quince días de espera y de Teruel
mejor ni hablamos.
Si hablamos de
Salud Mental, la palabra precariedad no refleja la situación real y es que las
cifras son terribles. Con 5,5 profesionales por cada 100.000 habitantes, el Justicia de Aragón ha denunciado en varias
ocasiones la falta de asistencia a la salud mental como uno de los grandes
problemas de la sanidad aragonesa destacando de nuevo la dificultad en el
acceso que sufren aquellos que no viven en zonas urbanas o con fácil
accesibilidad.
Las consecuencias
son claras, 60 días de espera para una visita al psicólogo clínico, situación
que causa desesperación y que obliga a acudir a un profesional privado cuyo
precio ronda los 50-70 euros la sesión y en función de las necesidades, hasta
los 200 euros al mes.
La mala gestión se
refleja completamente en el conflicto con la concesionaria de las ambulancias.
La plantilla lleva meses denunciando las malas condiciones laborales impuestas
por la concesionaria privada que ha ostentado el servicio durante los últimos
años y que llevo al personal a ponerse en huelga en mayo de este año. De hecho,
ahora mismo el nuevo contrato de concesión esta judicializado puesto que se ha
concedido de manera ilegal a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos. Dicha explotación es una empresa muy conocida
en el sur de España por su alta conflictividad y pésimas condiciones laborales.
Por último, no se
debe olvidar, las reiteradas promesas incumplidas por parte de Sira Repolles en
sus dos años como consejera, tal como ampliar la UCI Pediátrica del hospital
Infantil,
Por todo lo
anterior, el pasado 27 de marzo, ADSPA junto con más de 70 entidades sociales,
salimos a las calles reivindicando una cura para la Atención Primaria y una
sanidad 100% pública, universal y de calidad.
El 17 de diciembre,
volvemos a salir porque la situación se ha desbordado y exigimos el fin de la
privatización. La salud no es un negocio en el que se pueda especular. Seguiremos
luchando por ello.
Asociación para la
Defensa de la Sanidad Pública de Aragón
ADSPA;
CIF: G50122
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